Hace ya algunos meses que saltó el escándalo del trucaje de los motores diésel por parte del fabricante alemán Volkswagen. Escándalo relativo pues fue portada durante unos días en los medios informativos y luego se diluyó con el azucarillo en el café.
En los EE.UU. la polémica se ha mantenido durante ese periodo y fruto de la presión mediática, y de los compradores o clientes, el fabricante alemán de estos vehículos se ha visto obligado a aceptar un acuerdo extrajudicial con los propietarios, pues conocen la contundencia de la justicia americana, además de la rapidez en los procesos, sobre todo de este tamaño. Pero no solo tendrán que afrontar este acuerdo, existen otras causas abiertas de oficio por la justicia en la que les reclaman indemnizaciones millonarias para el Estado, se habla de cantidades entorno a los 46.000 millones de dólares, 4 puntos de PIB español, y todo por un número de vehículos muy inferior al mercado europeo.
¿Cómo está la situación en España? De momento mutismo absoluto. A los afectados se les ha enviado una carta, totalmente aséptica, en la que se les comunica que su vehículo está afectado y que próximamente recibirán cita del taller para su reparación. Eso sí, se recalca que sin coste alguno para el cliente. ¡Hay que tener cara! Para nada se dice en qué consistirá la reparación, simplemente de deja el coche en el concesionario y ellos harán con él lo que consideren.
Me refería antes a la oferta que se ha hecho en EE.UU. : "podrán elegir entre la recompra del coche, el arreglo del mismo, o anular el renting, si es que existiese". Además, cada perjudicado recibirá y en concepto de las molestias ocasionadas la cantidad de 5.000 $, al cambio unos 4.700 € "
¿Qué vamos a recibir en España? Ni tan siquiera una disculpa por los problemas ocasionados, por habernos mentido y habernos vendido un vehículo que no era el que decía la factura. Pero Volkswagen sabe de los problemas de España. Una justicia lentísima, años y años de pleitos, para al final no saber que se conseguirá. Cuando se llegue al final del litigio, muchos propietarios ya se habrán deshecho de esos coches, y ni tan siquiera tendrán una prueba física del problema. La debilidad del Gobierno español, no por que es estos momentos esté en funciones, ni tan siquiera porque sea de derechas o de izquierdas; existe un miedo a que esta multinacional pueda enfadarse y dar cerrojazo a su fábrica de España y mandar al paro a unas cuantas miles de personas.
¿Entonces, a qué tenemos derecho los perjudicados? En principio a que nos arreglen el coche y con un poco de suerte te pidan disculpas en el concesionario, que dicho sea de paso son los que menos culpa tienen.
Esto es España y así es de diferente.
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